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Para hacerse una idea de las dimensiones de los poyectos. Otro articulo del pais, explica en detalle el proyecto de la Marina de Cope. El gobierno Regional apuesta por ese proyecto aunque el Tribunal Constitucional falle en contra... "¡ y aunque les dijera Dios, que no está bien!" Han avandonado el ínteres público, ahora son gestores de promotoras,
SOCIEDAD, El pais, domingo 1 de Abril de 2007. Murcia planea urbanizar 11.000 hectáreas de costa virgen aunque el
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El Estado se dispone, sin más retraso, a restablecer el orden legal en el triángulo geográfico que forman las ciudades de Alicante, Murcia y Cartagena, gobernado mayoritariamente por consistorios y gobiernos autónomos del PP y donde, según todos los indicios, la presunta delincuencia urbanística parece alcanzar toda su virulencia ante la sensación generalizada de impunidad por parte de las mafias locales del sector inmobiliario. El proceso se presenta ya como irreversible, según fuentes posteriormente consultadas del Ministerio del Interior, y alcanzará plenamente a los tres últimos años.
Se trata de averiguar, entre otros muchos extremos, el concurso de esas tramas criminales en la financiación de los partidos y políticos de la zona, y el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, amén del origen de los capitales invertidos y las eventuales afecciones al medio ambiente. La Guardia Civil será la única encargada de todas las investigaciones, según confirman medios de comunicación afines al PSOE. Un núcleo central de 30 agentes, con un comandante al frente, podrá venir ya a prestar apoyo desde Madrid a la fuerza desplegada en nuestra región.
Tras la intención del Gobierno, revelada hoy por el diario “El País”, de desplegar en ese “triángulo” a partir de enero una fuerza especializada operativa cercana al medio centenar de efectivos, dependiente directamente de la Fiscalía Anticorrupción, también anida el ánimo oculto de inflamar los primeros meses de 2007, por previos a la campaña electoral de finales del próximo mes de mayo. Aunque el fiscal-general Conde-Pumpido ha dicho hoy en el Senado que la Justicia “no está para favorecer procesos políticos” también ha puntualizado que “tampoco está para obstaculizarlos”. Al PSRM le puede venir esto, y nunca mejor dicho, como agua de ídem. Este partido cuenta aquí con la cadena SER como altavoz idóneo cuando “El País” habla ya abiertamente en sus páginas de “Puerto Mayor” y “Polaris” en nuestro caso.
Murcia será la región donde se esperan los mejores y más espectaculares efectos de la actuación inaplazable del Estado como forma de escarmiento. No en vano, desde la Región se ha venido provocando e insultando, en plan cortina de humo, a miembros del Gobierno legítimo de España y a los presidentes de otras regiones, Barreda, Maragall o Iglesias, como parte de una sucia estrategia manipuladora del tema del agua y de los trasvases, y que ahora encuentra una respuesta acorde para las cuestiones que, como sociedad diferenciada, nos ponen en tela de juicio frente al resto de las sociedades españolas. Se trata de restarnos legitimidad por vociferantes.
Por otra parte, la diferencia máxima de nueve puntos en intención de voto entre el PP de Valcárcel y el PSRM de Saura (doce, en el caso de la Comunidad Valenciana), aconseja sacar partido de los errores del largo mandato del adversario y poner blanco sobre negro aplicando la ley de forma implacable. Los analistas coinciden en que la eventual victoria de Saura necesita, en cualquier caso, de cierto tipo de fórceps para terminar siendo redonda, y que una “limpieza” de los delincuentes de cuello blanco puede atacar las bases financieras de una extrema derecha que mueve los hilos del PP murciano. Parte esencial de las investigaciones son los incrementos no justificados, ni justificables, de patrimonios personales, ya en marcha y a cargo de unidades de la UCO, Seprona y Policía Judicial especializadas en la lucha contra la delincuencia económica, organizada y medioambiental, y basadas desde hace meses en Cartagena unas y las otras de siempre Murcia.
En ese sentido y, según “El País” de hoy lunes, un Grupo especializado de la Guardia Civil que viene hacia aquí, combatirá el delito urbanístico tras las múltiples denuncias ciudadanas recibidas por la Benemérita en las últimas semanas. La alarma social causada por los supuestos abusos de determinados constructores con premio de la Cámara de Comercio, cierta complacencia de la patronal CROEM y la financiación privilegiada de “Caja Murcia”, es el origen de una decisión que pone a la Unidad Central Operativa (el núcleo de elite de esta fuerza policial) a disposición de la fiscalía Anticorrupción y destina a la Comandancia de Murcia a un mínimo de tres agentes permanentes, especializados en investigar presuntos delitos de corrupción urbanística.
Antes de las elecciones de mayo, el Estado pretende detectar y reprimir todos los delitos urbanísticos en suelo murciano y concluir la investigación sobre tramas mafiosas relacionadas con otros delitos que afectan a la ordenación del territorio. La dotación de personal idóneo y medios materiales suficientes a la Guardia Civil de la UCO tiene que ver con la reciente creación en nuestro TSJ de un fiscal anticorrupción (Alcázar Vieira de Abreu) y de un fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente dentro de la propia Fiscalía General del Estado. El núcleo central y móvil de la UCO se ubica en Madrid y depende de un coronel.
Otros agentes de la UCO investigan discretamente desde hace algunos meses la relación directa de determinados patrimonios emergentes con determinados presuntos delitos y delincuentes de cuello blanco, hasta probar su vinculación con el fruto de una actividad ilegal del investigado. Murcia es señalada por el mando unificado de la Policía Nacional y Guardia Civil como una región donde menudean, mucho más que en otras, presuntos casos de corrupción urbanística.
Los datos e inventario en manos del Seprona contra la ordenación territorial por cuestiones relacionadas con obras y edificaciones ilegales desde 2003, servirán de guía y partida a las nuevas investigaciones sobre procesos mercantiles sobre el suelo, aguas, costas y vías pecuarias en la Región de Murcia para determinar luego la Fiscalía infracciones urbanísticas penales y administrativas sobre nuestro territorio. Un equipo delegado del de Investigación Central Medioambiental también actuará en breve para reprimir los delitos o ilícitos penales contra la ordenación del territorio en zonas que, como la nuestra, ha experimentado un mayor crecimiento y desarrollo urbanístico en muy poco tiempo.
EL CONFIDENCIAL
Martes, 10 de octubre de 2006
La operación Malaya pone cerco al PP murciano a cuenta del polémico pelotazo de la finca de Lo Poyo
Juan Antonio Roca. (Efe).
El anuncio de que la marbellí operación Malaya tendrá una fase investigadora sobre cargos públicos de las comunidades valenciana y murciana, ambas gobernadas por el PP, ha provocado en apenas tres días una catarata de acusaciones y contraacusaciones en torno a los gobernantes populares en la Región de Murcia. La mayoría de las críticas se centran en la ya famosa recalificación de los cinco millones de metros cuadrados de la finca Lo Poyo.
Esos terrenos, que circundan un paraje protegido en la ribera sur del Mar Menor, fueron adquiridos en 2004 -cuando todavía estaban sin recalificar- por 213 millones de euros. Lo compraron personas y empresas interpuestas al servicio del cerebro de la trama marbellí, el cartagenero Juan Antonio Roca.
La pregunta del millón es quién sabía que los terrenos se iban a recalificar –con plan urbanístico de 5.000 viviendas incluido-, facilitando así su compra por un conglomerado de empresas en las que figuran mayoritariamente los vascos Agustín Aguirre, Luis María Maya y Javier Arteche, considerados testaferros de Juan Antonio Roca.
Una respuesta indirecta a esta pregunta vino públicamente el pasado sábado por boca del dimitido alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, quien declaró que quienes mejor pueden contestar a aquella pregunta son el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y su hermano, el abogado Carlos Valcárcel.
El nombre del hermanísimo ha venido apareciendo reiteradamente en los últimos años en determinados negocios por su estrecha relación con Antonio Sánchez Carrillo, concejal de Fomento de Murcia y presidente del comité regional de listas del PP, es decir, el número tres del partido tras el presidente Valcárcel y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.
Las idas y venidas de Sánchez Carrillo, sus entradas y salidas de consejos de administración de empresas como Puerto Mayor S.A. –paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente– o Polaris World –la mayor urbanizadora de resorts de la Región– le han hecho renunciar a volver a ser candidato en las municipales de 1997.
De recalificaciones, hermanos y abogados
No obstante, todo apunta a que será mantenido como aforado figurando como candidato del PP a la Asamblea Regional. La misma solución que ya adoptó la dirección del PSOE con los alcaldes de Los Alcázares, Juan Escudero, y Lorca, Miguel Navarro, dimitidos por sus conexiones con Roca, el primero, y por su rebeldía urbanística, el segundo.
Pero, a diferencia del caso de Los Alcázares, en los papeles marbellíes de Juan Antonio Roca están apareciendo nombres cartageneros que dan que pensar en relación con la recalificación de los cinco millones de metros cuadrados de Lo Poyo (Ver El Confidencial del 15 de septiembre de 2006).
Así, figura el de Tomás Amat Tudurí, arquitecto, hermano y colega profesional de Rafael Amat Tudurí, que era director general de Urbanismo en 1996 y aprobó la primera recalificación de Lo Poyo, que luego fue dejada sin efecto por el TSJ de Murcia. Otro nombre que aparece recurrentemente es el del también cartagenero y ahora diputado nacional Andrés José Ayala, ex abogado de los propietarios de entonces, la familia Armengol, que era el secretario general de la Consejería de Urbanismo.
LA VERDAD.MIERCOLES 27 de septiembre de 2006
MAZARRÓN / El plan urbano recalifica 23 millones de metros para 'resorts' en la zona norte
El suelo industrial se duplica en Las Pedreras y quedan protegidos 6,5 millones de metros en Puntabela
ALFONSO PÉREZ/MAZARRÓN
FORTUNA / El Pleno aprueba 14 convenios urbanos en medio de fuertes protestas de la oposición
GUILLERMO HERMIDA/MURCIA
El Partido Popular hizo valer ayer su mayoría absoluta para aprobar 14 convenios urbanísticos -agrupados en el tercer punto del orden del día del Pleno ordinario celebrado ayer- que afectan a más de 5,7 millones de metros cuadrados y que podrían albergar hasta 12.000 viviendas. El consistorio recibirá a cambio 7,2 millones de euros por las posibles plusvalías y una parcela en la que levantar el futuro tanatorio municipal, además del preceptivo 10% de aprovechamiento municipal, lo que supondría casi medio millón de metros cuadrados.El PSOE ha anunciado que a lo largo de esta semana llevará a la fiscalía anticorrupción dos de los convenios «y estamos estudiando añadir un tercero», según anunció su portavoz, Francisco José Salar. El alcalde, Matías Carrillo, señaló que «si lo llevan, será porque piensan que hay algo ilegal, pero todos los acuerdos que pasan por el Pleno están respaldados por los informes jurídicos y técnicos municipales»El acuerdo sobre los convenios acabó con polémica, después de que los ediles de Izquierda Unida, Francisca Benavente y Antonio Fenoll, abandonaran el salón después de votar en contra del punto, después de que Carrillo negara el uso del segundo turno de intervención a Fenoll tras la exposición inicial de su compañera. «La ley dice que tiene que hablar un solo ponente o el portavoz», argumentó el primer edil, aunque Fenoll apunta que la Ley de Bases de Régimen Local establece la posibilidad de que hablen dos ediles del mismo grupo.Por su parte, el coordinador regional de la coalición, José Antonio Pujante, denunció ayer la aprobación de los convenios por «insostenibles». Al respecto, apuntó que el de Las Calendas, aprobado con anterioridad y prácticamente terminado, «no cuenta ni con carreteras».Los socialistas consideran que el plan del equipo de gobierno «podría colocar a Fortuna con 60.000 habitantes, un crecimiento a todas luces insostenible» y anunció que investigarán el hecho de que cuatro convenios, que suponían 9.169 viviendas, «entren en el registro con números correlativos de registro». ENLACE A ESTE ARTICULO EN LA VERDAD.ES
es «el secreto mejor guardado de España», según una revista inglesa
J. M. A./MURCIA. LA VERDAD, Miércoles, 20 de septiembre de 2006
REGIÓN MURCIA
Los medios impresos ingleses, que con frecuencia aluden a la Región de Murcia para denostar aspectos de su oferta turística, a veces también utilizan términos favorables, como ayer comentó el director de la Asociación Española de Turismo Residencial, Fernando López.Spanish Home Magazine, una de las principales revistas que se venden en el Reino Unido especializadas en el mercado inmobiliario español, describe a la Región de Murcia «como el secreto mejor guardado de España», en alusión a su escaso grado de conocimiento exterior y a las satisfactorias condiciones de su oferta y perspectivas de crecimiento.La directora general de Economía y Planificación, Esther Ortiz, indicó en la clausura del foro que el Gobierno regional es consciente de la necesidad de «reforzar la imagen exterior» de la Región de Murcia, por lo que este es uno de los principales objetivos incluidos en el nuevo Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013. ENLACE laverdad.es
El Pais.es
Edición del lunes, 25 de septiembre de 2006
La Operación Malaya amenaza un gran proyecto urbanístico en Murcia
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Una de las mayores operaciones urbanísticas de Murcia está amenazada por la investigación judicial de la corrupción en Marbella. Lo Poyo es un polémico proyecto de Cartagena (Murcia) de recalificación de unos terrenos protegidos. En 2004, los terrenos fueron vendidos por 213 millones a sociedades del empresario vasco Javier Arteche. En la compraventa de terrenos, la investigación judicial ha hallado indicios del pago de dos millones de euros por parte de una sociedad de Roca en la fase de intermediación.
La Kutxa (caja de ahorros de Guipúzcoa), que aportó en buena medida los fondos para esta gran operación inmobiliaria, ha optado por disolver nueve sociedades que tenía con Arteche para la promoción urbanística de esa zona ante la posibilidad de que el caso de la corrupción en Marbella acabe salpicando a su socio.
Roca, el ex asesor urbanístico de Marbella y supuesto cerebro de la red de corrupción investigada por Anticorrupción, planea sobre la macrourbanización de Lo Poyo. El número máximo de viviendas que se pueden levantar en Lo Poyo y en otra urbanización próxima, Montemayor, alcanza las 15.000. La Kutxa y Arteche destinaron a la compra de terrenos 213 millones de euros y se preveía una inversión de otros 1.000 para la construcción de las viviendas.
En enero de 2005, la finca Lo Poyo obtuvo una declaración favorable de impacto ambiental, y nueve meses después inició su reclasificación el Ayuntamiento de Cartagena (PP). La última palabra para dar luz verde a esta recalificación la tiene el Gobierno regional (PP). A juicio de los investigadores y del PSOE, suscita sospechas el hecho de que el desembolso de 213 millones -amén del pago de Roca- para comprar los terrenos ocurra en marzo de 2004, cuando estaba prohibida su urbanización por sentencia judicial por carecer de informe medioambiental y un año antes de su aprobación por el Ayuntamiento.
El hallazgo en un registro de un apunte contable del pago de casi dos millones de euros por una sociedad de Roca a un intermediario en la venta de los terrenos de Lo Poyo y Montemayor ha alimentado la sospecha de que el imperio murciano del ex gerente de Urbanismo marbellí se extiende a operaciones que hasta el momento se creían ajenas a sus manejos. Hasta hoy sólo se le atribuía en la región un hotel, una finca (La Loma) y dos urbanizaciones en Los Alcázares. Antonio Armengol, el vendedor de los terrenos, consultado por este diario, elude clarificar detalles: "Hace muchos años. Sólo me acuerdo que vendí a unos vascos". Preguntado si esos vascos estaban representados por Javier Arteche, responde: "Sí, era ése".
Arteche figura recurrentemente en los papeles del sumario de la Operación Malaya, pero hasta la fecha no ha sido imputado. Roca ha declarado que ha realizado negocios con él; Arteche es un habitual de sus agendas y alguna de sus empresas (Obarinsa, por ejemplo) figura como beneficiaria de convenios urbanísticos denunciadas por irregulares por el interventor de Marbella.
Crisis del modelo inmobiliario/turístico murciano
(Distribuido por la agencia de prensa “Noticias Económicas del Mediterráneo”)
El fuerte descenso en el consumo de hormigón, el esperado abandono de las inversiones de la gran promotora gallega “Fadesa” en la Región de Murcia, y la rumoreada disposición de vender su participación por parte de la mayoría de socios de la emblemática “Polaris World”, dibujan en la recta final del año una crisis del subsector de la vivienda turística y de segunda residencia en nuestro país, especialmente ahora sentida aquí, azuzada por la tendencia alcista de los tipos de interés hipotecario en toda la Unión Europea.Ese es el cuadro general tras una época de reconocida bonanza y de alegría compradora, hasta pensar que era posible convertir en solución de salida, puro espejismo de sello murciano, una dudosa expectativa. La contestada nueva autopista de peaje Cartagena-Vera no será tampoco la panacea para una vuelta inmediata a la normalidad del mercado inmobiliario ante una mayor accesibilidad al tramo virgen del litoral sur.
Con una sobreoferta de viviendas encarecidas en exceso y una fuerte caída de la demanda de forma general, la fuerte apuesta de su gobierno autónomo por un modelo insostenible de desarrollo y la ausencia de alternativas que no pasen por una cuestionada agricultura intensiva y unos servicios de segunda y tercera división, la coyuntura se torna adversa para su actual estructura económica al ser ahora de base fundamentalmente especulativa y con una industria en proceso de obsolescencia frente a la urgente e inaplazable innovación que exigen los mercados abiertos y globalizados. Murcia no exporta ya tanto al haberse quedado sin hueco en el exterior por producir en todo un estándar de calidad demasiado encarecido por el euro.
Los analistas entienden que la llegada tardía de la Región de Murcia al subsector turístico inmobiliario; la especulación y acaparamiento de suelo a gran escala por unos pocos; la falta de profesionalidad de unos promotores de ocasión provenientes de otros sectores en crisis estructural; unos precios de obra terminada no competitivos para unas calidades y estándares por debajo de la media; la innecesaria agresión al entorno natural en muchos casos; la supervivencia próxima de explotaciones agrícolas que utilizan productos tóxicos; el incierto suministro de agua potable para una población disparada y disparatada en su número; corrupción política municipal asociada, con creciente rechazo de un cualificado sector social emergente; inseguridad ciudadana en ascenso como consecuencia de la favorecida inmigración de mano de obra barata; sanidad y enseñanza pública en proceso de degradación; utilización del fenómeno golf como mero señuelo comercial, y algunas estafas inmobiliarias, son factores que inciden, en mayor o menor medida, en esta situación relativa particular.
La fuerte competencia ejercida por otras regiones españolas con acreditado “know how” (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias), la de fuerte oferta basada en una naturaleza virgen (Asturias, Galicia, Cantabria y Aragón), y la mediterránea extranjera de Turquía, Grecia, Túnez, Marruecos, y repúblicas litorales de la antigua Yugoslavia, sin desdeñar la de más solera de Portugal, Italia y Francia, todavía competitiva en el segmento medio, impiden la consolidación de un modelo teóricamente más accesible, como el murciano pese a su peor imagen pública percibida, ante esa coyuntura nada favorable para su rápido desarrollo.
La Región de Murcia está en precio muy por encima de casi toda su competencia más al sur, y su clase dirigente es muy poco consciente del valor añadido que significa para su oferta de vivienda turística mantener casi intacto su intangible natural; y todo eso, pese a la pertinente exigencia derivada de una fuerte contestación social al desfasado modelo desarrollista elegido, por la carga de agresión ambiental que comporta como efecto de la aireada supuesta corrupción pública y privada imperante en aquellos municipios con términos más cotizados y codiciados.
Los grandes yacimientos de compradores potenciales en la Europa más avanzada (Gran Bretaña, Alemania, Escandinavia, Benelux, Suiza, Austria, Francia, Irlanda, Polonia, Chequia y Hungría) se han tornado ahora muy exigentes, desde las asociaciones de consumidores, con los parámetros medioambientales de la vivienda murciana y, según los principales intermediarios inmobiliarios europeos consultados, rechazan nuestros puntos débiles en ruido ambiental, malos olores provenientes de la agricultura circundante de la costa y de explotaciones ganaderas, la alta densidad de población en algunas zonas, las ya muy frecuentes retenciones de tráfico en los accesos a la costa, la aparición de nuevas enfermedades infecciosas como efecto no deseado de un 20% de inmigración extracomunitaria, suministro en ascenso de agua desalinizada con riesgo inherente para la salud por los procesos químicos empleados, la fuerte contestación social indígena al modelo “resort”, el cambio climático que lleva a extremar el clima en la Región de Murcia y a procesos acelerados de desertización y desertificación sobre una aridez histórica progresiva.
Conscientes esos mercados tradicionales de la crisis de ventas y de una sociedad regional altamente politizada por intereses económicos y enfrentada por la conservación radical de su medio natural, y también sabedores de una calidad de construcción muy deficiente, ahora ven mucho más claro y argumentan en contra para no comprar en la Región de Murcia, entre otros motivos, una falsa revalorización de sus inversiones por una oferta estancada, una excesiva oferta de viviendas de segunda mano, remota posibilidad real de alquilar la casa comprada, demasiados impuestos y gastos de comunidad, encarecimiento general con los precios ahora más altos de Europa en casi todo, desagradable degradación de nuestra proverbial amabilidad con el turista/residente y precios desorbitados en alimentación, con una hostelería prohibitiva, sin profesionalidad a la altura del cliente y de peor servicio cada vez. Y eso, sin olvidar, en la Construcción y Hostelería, la hiriente explotación del peón magrebí, ecuatoriano o subsahariano, sin cualificar para el rol desempeñado aún a riesgo de engordar la estadística de accidentes laborales que viene coliderando Murcia a nivel nacional.
La expectativa, políticamente arruinada, del trasvase del Ebro por la reticencia de la Unión Europea a financiarlo, y la acrecentada incertidumbre con el agua del Tajo en el futuro, alejan por un tiempo las grandes inversiones previstas en vivienda turística en la Región de Murcia. Tras el previsible frenazo de los desarrollos urbanísticos proyectados al sur del Mar Menor, norte y oeste de Mazarrón, costa de Águilas, entorno de Lorca y Jumilla, y la serrana comarca interior del Noroeste, queda constatar la suerte inmediata de los “resorts”, algo más avanzados, de “Hacienda del Álamo”, “Mosa Trajectum”, “Roda Golf” y “Polaris World”, próximos a la costa norte, tras rumorearse también el freno a sus fases sin comenzar al experimentar todos los casos citados una importante caída de ventas o una grave falta de demanda, según coinciden fuentes bancarias consultadas.
Aunque en los entornos urbanos de Murcia, Cartagena y Lorca también se dan ya problemas de sobreoferta, que se verán agravados con las miles de viviendas previstas en “Portón de los Jerónimos” (donde las ventas no terminan de despegar) y “Nueva Condomina”, la salida a los “resorts” más próximos es su conversión en urbanizaciones de primera residencia para jóvenes, a precios asequibles, su comercialización a bajo precio en los países del Este, o la búsqueda en Gran Bretaña e Irlanda de segmentos de mercado todavía sin propiedades de segunda residencia en España. Cabe también ofertar con viabilidad, en nuestro mercado regional y nacional más interior, con precios muy a la baja para obtener una pronta liquidez perdida.
Fracasado el campo de golf asociado a promociones como señuelo para una mejor y más rápida venta, su destino ahora es ser recalificado para más viviendas, mientras los promotores con mayor experiencia por provenir de la Comunidad Valenciana, se reorientan ya hacia países del Este de Europa y el Magreb en lugar de apostar por la Región de Murcia. Ahora son muchos más los que reconocen públicamente que el modelo residencial elegido por esta comunidad autónoma resulta antiguo, agresivo, especulador, desfasado e insostenible por desarrollista e intensivo. La presencia de grandes superficies comerciales, como “Ikea” en Murcia y “El Corte Inglés” en Cartagena, pensando que era más que probable un “boom” demográfico artificial, aparece y parece ahora como algo prematura tras haber sido muy condicionada por el espejismo vendido por políticos voluntaristas a inversores ávidos de obtener rentabilidades tercermundistas.
'OPERACIÓN malaya' Roca admite que cobró dinero de uno de los propietarios de Lo Poyo Reconoce en su declaración haber recibido otras cantidades de empresas con negocios en la Región Las declaraciones ante el juez Miguel Ángel Torres de Marbella del presunto cerebro de la trama de corrupción que se investiga en la 'Operación Malaya', Juan Antonio Roca, implican todavía más a empresarios vascos con importantes promociones en la Región de Murcia, según publica en su edición de ayer El País. El cartagenero ha reconocido que recibió dinero Javier Arteche, socio junto a Luis Maya de la urbanización Lo Poyo, en el municipio de Cartagena; de los dueños de la constructora Aifos, (detenidos en Marbella) que es la que ha presentado el proyecto de urbanización de las más de 4.000 viviendas en este paraje del Mar Menor; y del responsable del campo de golf de Los Alcázares, Enrique Ventero Terleira, presidente de la constructora Vemusa. Asimismo, Juan Antonio Roca ha reconocido, después de negarlo en sus primeras declaraciones, que es el propietario de varias empresas con importantes proyectos en la Región, al frente de las cuales había puesto a varios testaferros, como por ejemplo es el caso del murciano Ernesto Celdrán. Estas firmas tienen promociones en diferentes ayuntamientos de la Región: Condeor, Vanda Agropecuaria y Masdevallia en Los Alcázares, aunque esta última también desarrolla una urbanización en San Pedro del Pinatar, en unos terrenos de la firma Yeregui, que es una de las sociedades del entramado de los empresarios vascos que están al frente de Lo Poyo.Según la documentación a la que ha tenido esta redacción, la conexión de la urbanización de Lo Poyo, que promueven los detenidos de la empresa Aifos y que es propiedad de once sociedades, se hace todavía más evidente con la urbanización de La Zerrichera, propiedad hasta el pasado 27 de julio de Inverlur 5005 de la caja de ahorros de Guipúzcoa (Kutxa), que desde hace un mes se ha convertido en una sociedad extinguida, según consta en el registro mercantil, al mismo tiempo que se crean nuevas firmas con otros nombres. El nexo de unión entre Lo Poyo y La Zerrichera se observa en la figura de Juan Manuel Garmendia Goicoechea, quien además de consejero de seis empresas propietarias de la urbanización del Mar Menor, fue el encargado de acudir a Águilas en representación de la Kutxa, concretamente de la desaparecida Inverlur 5005, el día en que se presentó la urbanización de La Zerrichera junto a su principal promotor, Trinitario Casanova Abadía.
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